Descripción: |
Estudio sobre el lugar de las economías de escala en el ordenamiento ecuatoriano de
competencia. Propone identificar cómo regulan las normas nacionales dicho modelo
productivo y determinar cómo nuestra Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder
de Mercado las sanciona. Se compara este modelo con los adoptados en ordenamientos
extranjeros. Luego, estudia los fines y el bien jurídico del Derecho de la competencia en
el Ecuador, valiéndose de la función de los principios constitucionales. Por último, se
hace un análisis económico de las economías de escala, su función y consecuencias en
sociedad. Se resalta la importancia del Análisis Económico del Derecho, que nos ayuda
a determinar si nuestras normas causan desperdicio. Se aborda, además, la amplia
discusión que sobre estas economías ha existido en doctrina internacional. Al concluir el
trabajo, se habrá probado que en el Ecuador las economías de escala se sancionan y que
dicha sanción es injusta en cuanto contraviene los principios legales y constitucionales.
Ellas, lejos de ser abusivas, son eficientes, proveyendo a los consumidores de mayor
bienestar. Study on the role of scale economies in the ecuadorian Antitrust law. Aims to
identify how national rules govern this production model and determine how our “Ley
Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado” (ecuadorian national Antitrust
law) sanctions it. This model is compared with those adopted in foreign jurisdictions.
Then, it considers the purposes and ends of Antitrust law in Ecuador, using the function
of constitutional principles. Finally, it makes an economic analysis of the economies of
scale, its role and impact on society. It highlights the importance of economic analysis
of law (Law and Economics), that helps us determine whether our rules cause waste in
society. It also discusses the broad discussion on these economies that has existed in
international doctrine. Upon completion of the work, it will have proven that in Ecuador
the economies of scale are punished, and that the penalty is unfair, in contravention of
legal and constitutional principles. They, far from being abusive, are efficient, providing
greater consumer welfare. |