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En estos momentos en que México está delineando su nuevo perfil
educativo y que exige la participación del pueblo para conocer la
estructura que habrá de operarse para mejorar la calidad de la
educación y alcanzar así el alto nivel de desarrollo a que
todos aspiramos, se percibe que la legislación educativa no cumple
con la función eficaz que determinó el legislador.
La reciente evaluación sobre conocimientos escolares con la que
México fue calificado por la organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) que nos coloco en el lugar 31 en
una muestra de 32 países, obliga a la reflexión y a asumir
con responsabilidad la tarea redentora de la educación nacional y
que compromete a todos los involucrados con el proceso educativo y a la
población en general.
Desafortunadamente, no conocemos actualmente los procedimientos exactos por
los cuales fuimos evaluados, lo que determinaría variables que cambien
el rumbo de la evaluación, sin embargo, el asunto es grave, debido
a que no se trata de una mera calificación deshonrosamente reprobatoria.
Detrás está una situación educativa que está
minando las entrañas mismas de la conciencia nacional, la educación
definitivamente no se circunscribe a saber medio leer y medio escribir para
medio producir y medio conocer los pros y los contras de la dinámica
económica y política, en un mundo en donde el nacionalismo
y la soberanía estorban a los países más desarrollados,
sino se circunscribe en el conocimiento de la realidad social y los factores
que en ella influyen, y toda vez que el Derecho es un arma que tienen las
naciones del mundo para lograr de manera ordenada y progresiva la
armonización de la vida de los habitantes del mundo, es así
como en México, nuestro Derecho no cumple con tales expectativas.
Asimismo, cada vez que se mencionan las grandes inquietudes de nuestro tiempo
el racismo, la intolerancia, la violencia, el abuso de drogas, la falta de
oportunidades para todos los habitantes de una Nación, etc. se llega
a la misma conclusión: son cuestiones que deben afrontarse desde la
educación. Pero también sabemos que en casi todos los países
se habla de crisis de la educación y es precisamente ahí en
donde el Derecho debe ser un motor de apoyo y de cimiento para que el camino
de la educación sea más sencillo y productivo.
Lo que no hemos entendido como Gobierno, es que una política educativa
no se improvisa de un día para otro, ni se inventa cada año
o cada sexenio. No surge de la nada por generación espontánea,
ni se elabora dentro de gabinetes cerrados al curso torrencial de la historia
y a la realidad viva y palpitante de la sociedad. Tampoco es el resultado
de las labores que se realizan en unos cuantos meses o en años.
Una política social verdadera es el fruto de grandes esfuerzos de
acción y de reflexión sobre la realidad. Son ideas prácticas
que al aplicarse producen buenos resultados para alcanzar objetivos colectivos.
De esta manera, se han ido desarrollando en México, las políticas
sectoriales como la política laboral, la política agraria,
la de salud, la internacional y la educativa, por hablar de algunas de las
más características en la vida nacional.
La política actual de la educación en México nació
en la Revolución de 1910. Encontró su expresión nacional
en el Congreso Constituyente de 1917 y se convirtió en todo un programa
al fundarse la Secretaría de Educación Pública en 1921.
Ha sido necesario recorrer un camino muy largo y lleno de obstáculos
para darle estructura a la política educativa mexicana, organizar
un sistema educativo nacional, desarrollar su filosofía, conseguir
que se extendiera la educación y lograr que llegara a los amplios
sectores de la población.
El problema de la educación siempre ha despertado pasiones sociales.
En épocas muy determinadas por la polarización de los grupos
políticos, ése es el motivo que define a la gente en corrientes
ideológicas, enardece sus ánimos y radicaliza sus actitudes.
Dominar las características y la orientación del sistema educativo
siempre ha sido uno de los objetivos centrales de muchas de las grandes batallas
políticas de México.
Así, se observa que dentro de las grandes batallas, la eficacia de
nuestras normas no puede llegar a consolidarse por diversos factores
políticos, sociales y económicos que nuestro país vive,
sin embargo, eso no puede ser excusa para que el Derecho pueda aportar elementos
reales y como consecuencia, ordenamientos legales que permitan la mayor eficacia
de nuestras normas.
Es así como el problema de la educación en México, radica
en la eficacia de su política educativa nacional, que va ligada a
su legislación, por lo que sería conveniente preguntarnos si
¿Ésta va de acuerdo con la realidad que vive el país?,
¿Es acaso nuestra legislación educativa la responsable de no
otorgar los medios idóneos para el desarrollo educativo de nuestra
nación?, ¿Es acaso la política educativa nacional contraria
a la legislación educativa en relación con las tres dimensiones
del Derecho?, ¿Es nuestra Carta Magna, en lo referente al apartado de
la educación ineficaz en la realidad mexicana.
La tarea de educar, por su propia naturaleza, tiene valor, contenido y
significado eminentemente legislativo y político: que se ejerce en
beneficio del interés general, con el fin de reproducir la estructura
social prevaleciente a fin de desarrollarla y perpetuarla o bien para promover
un proyecto diferente. Quien educa, a toda sociedad pretende reflejar lo
que ha sido, lo que es y lo que aspira ser, es por consiguiente que nuestro
problema radica en que la actual política educativa nacional, así
como nuestra legislación, no cumple con los fines del Derecho de acuerdo
con su tridimensionalidad.
Por lo tanto el objetivo principal de este trabajo es demostrar la siguiente
hipótesis : ¿ Es ineficaz la actual Legislación Educativa
Nacional a través del estudio del Derecho como dogmática, como
sociología y como axiología jurídica, de acuerdo con
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley General de Educación vigentes ? |