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La gran mayoría de las mujeres recluidas en las prisiones de México presentan una gran cantidad de trastornos de salud mental y adicciones, así como dificultades para acceder al tratamiento para este tipo de problemas. Los antecedentes personales y las condiciones de reclusión de estas mujeres reflejan los problemas no resueltos del país como son educación y analfabetismo, acceso a la salud, vivienda e inequidad en los sistemas de procuración de justicia. En la bibliografía se ha señalado que el abuso de sustancias afecta a las mujeres presas en mayor medida que a otras mujeres y que su situación socioeconómica desfavorable las hace más susceptibles de incidir y prevalecer en la conducta de abuso de sustancias. Otros aspectos que acentúan esta vulnerabilidad son el bajo nivel educativo, las pocas habilidades para el trabajo, la exposición a la estigmatización y la discriminación, además de las consecuencias físicas y psicológicas de la conducta adictiva. Un aspecto reconocido internacionalmente es que las inequidades de género vulneran de manera particular la salud de las mujeres, lo cual es aún más evidente en las mujeres presas, pues presentan mayores déficits en su salud y mayor número de barreras al tratamiento. Se ha documentado en la bibliografía internacional que las usuarias de sustancias psicoactivas en general se enfrentan a un mayor número de barreras que los hombres para buscar o seguir un tratamiento. Por lo anterior, el objetivo del estudio es documentar las barreras al tratamiento de adicciones de mujeres en prisión, una población desfavorecida poco estudiada en México a fin de entender algunos aspectos relacionados con el acceso a tratamientos de esta población y su permanencia en ellos. El diseño utilizado para esta investigación corresponde a un estudio de campo transversal no experimental, descriptivo, ex post facto. La muestra se conformó de 213 mujeres, seleccionadas por conveniencia, con los siguientes criterios: usuarias de alcohol y drogas, edad de 1 8 a 65 años, que supieran leer y escribir, sin trastorno psiquiátrico o discapacidad que impidiera la entrevista. Las mujeres que participaron en este estudio se seleccionaron de dos prisiones de la Ciudad de México: el Centro Preventivo Femenil Oriente, donde se encuentran mujeres indiciadas, procesadas y sentenciadas, y el Centro de Readaptación Social Femenil Tepepan, donde se encuentran mujeres sentenciadas y con problemas psiquiátricos. Los cuidados éticos observados en el estudio fueron: información de los objetivos a las entrevistadas, participación voluntaria, confidencialidad de la información, empleo de testigos, así como el derecho de abandonar el estudio y de no responder aquellas preguntas que les resultasen incómodas. El instrumento empleado tuvo un formato de entrevista semiestructurada con 242 preguntas que abarcan diversas áreas, entre ellas, el <
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